el debate abierto con motivo de la retirada por parte del Gobierno del
“Anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de
los derechos de la mujer embarazada”, la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española desea de nuevo hacer oír su voz. La vida
humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción
hasta su fin natural. En esa defensa ocupan un lugar privilegiado los
más débiles: aquellos que habiendo sido ya concebidos no han nacido
todavía. La ciencia prueba que desde el momento de la concepción hay un
nuevo ser humano, único e irrepetible, distinto de los padres.
No se puede construir una sociedad democrática, libre, justa y
pacífica, si no se defienden y respetan los derechos de todos los seres
humanos fundamentados en su dignidad inalienable y, especialmente, el
derecho a la vida, que es el principal de todos.
Proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de
los Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste
excepción, al llegar incluso a considerar el aborto como un “derecho”.
En este sentido es especialmente grave la responsabilidad de quienes,
habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley
que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que
existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir
adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes,
como el de la vida humana, que son innegociables.
Es cierto que la existencia humana no está libre de dificultades. La
Iglesia conoce bien los sufrimientos y carencias de muchas personas a
las que se esfuerza en ayudar en todo el mundo con el ejercicio de la
caridad, que es el distintivo de los discípulos de Jesús (cfr. Jn 13,
35), del que dan testimonio tantas personas e instituciones eclesiales.
Pero, también es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún
hemos de hacer más “para acompañar adecuadamente a las mujeres que se
encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta
como una rápida solución a sus profundas angustias” (EG, 214). En ello
están empeñadas muchas asociaciones eclesiales y civiles, a las que
queremos apoyar al tiempo que pedimos a las Administraciones públicas un
esfuerzo más generoso en políticas eficaces de ayuda a la mujer
gestante y a las familias.
otro lado, no es momento, por difícil que pueda parecer, para la
desesperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Al
contrario, son numerosos los voluntarios y las organizaciones de apoyo a
la vida, promoción de la mujer y de solidaridad con los más necesitados
de la sociedad, quienes nos animan a seguir adelante, extendiendo la
civilización del amor y la cultura de la vida, y a abrazar sin condición
a todos, especialmente a los que más sufren, como son los más pobres,
los inmigrantes, los parados, los sin techo, los enfermos y todos
aquellos, en definitiva, que se encuentran en las periferias sociales y
existenciales. Y por supuesto, acompañar sin descanso a las madres
embarazadas para que, ante cualquier dificultad, no opten por la
“solución” de la muerte y elijan siempre el camino de la vida, que es el
de la realización más plena de la verdadera libertad y progreso humano.
Oremos para que así sea con la ayuda de Dios.